Causa por aborto de diputada Catalina Pérez fue reasignada a Fiscalía de Género
La implicada en el caso democracia viva acusó que las investigaciones se están realizando mal.
Recientemente, la causa en contra de la diputada Catalina Pérez, por presunto delito de aborto, fue reasignada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, bajo la dirección de la fiscal Lorena Parra.
Esta decisión se tomó tras un reclamo formal presentado por la defensa de la parlamentaria, quien argumentó que la investigación inicial en Antofagasta carecía de imparcialidad y transgredía límites éticos al revisar su historial médico. Informó Catalina Pérez en conversaciones con la tercera.
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“Después de nuestro reclamo decidió retirar la investigación de la Fiscalía de Antofagasta para trasladar la causa a otra Fiscalía. Las cosas en la investigación se están haciendo mal. Hay cosas que corregir. Cuando la Fiscalía tiene este tipo de prácticas se atenta contra el buen funcionamiento de las instituciones”, indicó Pérez.
La Fiscalía Oriente fue seleccionada debido a que es una de las que cuenta con una Fiscalía de Género especializada, lo que garantiza un enfoque adecuado en casos que requieren una perspectiva de género. Además, la fiscal Lorena Parra tiene amplia experiencia en delitos sexuales y en abordar investigaciones complejas desde esta perspectiva.
Pérez, la acusada, también declaró al respecto de la situación que ha vivido en el último año y la delicada situación del aborto en Chile: “A mí en un año se me ha buscado acusar de tráfico de influencias, sin antecedentes; de fraude al Fisco, que es una acusación que estoy enfrentando hoy día. Y recientemente es sabido que se ha buscado en mi ficha ginecológica algún motivo para acusarme. Eso transgrede un límite. Esto no se trata solo de mí, también se trata de las 444 mujeres que en los últimos 10 años en Chile han sido perseguidas por presuntamente haber abortado”.
La investigación se originó a raíz de una arista derivada del caso Democracia Viva, donde se revisaron conversaciones de WhatsApp entre la diputada y su expareja, Daniel Andrade.
Entre las primeras medidas adoptadas por la Fiscalía Oriente, se incluye la indagación del funcionamiento del recinto de salud donde la parlamentaria habría sido atendida, el cual ya fue allanado en el marco de las diligencias iniciales.
