Magistrados del Poder Judicial de Chile denuncian grave impacto por rebaja presupuestaria de $17.000 millones

La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial expresó este lunes su profunda preocupación frente a la reducción presupuestaria de $17.000 millones decretada para 2025. Según señalaron en una declaración pública emitida desde Santiago, esta medida comprometerá seriamente el acceso a la justicia y el correcto funcionamiento de los tribunales.

“El Poder Judicial es una institución clave en la democracia, cuyo rol consiste en garantizar la justicia, la igualdad ante la ley y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas. Sin embargo, esta reducción presupuestaria pone en riesgo nuestra capacidad de cumplir con estas responsabilidades de manera eficiente y oportuna”, señala el escrito.

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Principales consecuencias según la asociación

El comunicado detalla cuatro áreas críticas que se verán afectadas por el ajuste financiero:

• Acceso a la justicia: Los sectores más vulnerables enfrentarán mayores barreras para obtener una justicia pronta y efectiva.
• Proyectos clave en riesgo: La modernización tecnológica, capacitación de funcionarios y mejora de los sistemas de gestión judicial podrían quedar suspendidos.
• Sobrecarga laboral: Tribunales ya saturados incrementarán su carga de trabajo, afectando la resolución oportuna de las causas.
• Desprotección de derechos fundamentales: Casos relacionados con violencia intrafamiliar, justicia laboral o menores en riesgo podrían ver una respuesta institucional debilitada.

Llamado urgente al Gobierno y Congreso

La asociación instó al Gobierno, al Congreso Nacional y a la ciudadanía a reconsiderar esta decisión, subrayando que las repercusiones podrían socavar la confianza en las instituciones del Estado y la estabilidad democrática del país.

“Es imperativo contar con los recursos necesarios para garantizar un Poder Judicial eficiente, transparente y comprometido con la ciudadanía”, concluye el documento, reiterando su compromiso con la administración de justicia.

La medida coincide con un contexto de creciente demanda en los tribunales debido al aumento de casos complejos y la implementación de nuevos estándares de gestión judicial, lo que refuerza las críticas desde el Poder Judicial.