Perú: congreso mantiene una pensión vitalicia para el exdictador Alberto Fujimori
La mesa directiva del poder legislativo sostuvo la entrega de casi $4.000.000 al condenado por crímenes de lesa humanidad. La instancia pidió un informe legal para validar la medida.
Lima del Perú
La impunidad en el Perú suma un nuevo capítulo y el beneficiado es un exdictador de ese país sudamericano. La mesa directiva del congreso peruano mantuvo la entrega de una pensión vitalicia para Alberto Fujimori, quien fue condenado por crímenes de lesa humanidad y enfrenta cargos por violaciones a los derechos humanos. El gobernante de facto mantendrá el beneficio mensual cercano a los $4.000.000 (15.600 soles) y los integrantes de la mesa pidieron un informe técnico legal para respaldar la medida. La decisión se suma a una ley que prescribe delitos contra los DDHH.
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La mesa directiva del Congreso de Perú acordó, por tres votos a favor y uno en contra, que no se suspenda la pensión vitalicia de Alberto Fujimori. Al mismo tiempo los encargados de la legislatura solicitaron un informe técnico en un plazo de hasta 60 días. Desde la instancia apuntaron que no tenían elementos suficientes para eventualmente suspender el pago y que se requieren mayores detalles jurídicos para tener todos los elementos de análisis respectivos.
El País indica que en el territorio peruano la ley prohíbe entregar pensiones a personeros culpables de corrupción y violaciones a los derechos humanos, pero el congreso aprobó una asignación de por vida para al exdictador. La decisión olvida un punto central en la causa, que Fujimori mantiene una millonaria deuda por más de 15,4 millones de dólares con el Estado del Perú. Hasta la fecha el exdictador no ha pagado un simple sol o peso a las arcas fiscales.
La entrega de dinero a un condenado por crímenes contra la humanidad se suma a una nueva apuesta por la impunidad en el Perú. Este viernes el congreso proclamó la vigencia de la ley que prescribe los crímenes de derechos humanos. La República consigna que con esta normativa el país sudamericano incumple las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del sistema universal de las Naciones Unidas (ONU).
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