El Juzgado de Garantía de San Bernardo, acogiendo la solicitud de la Fiscalía Occidente, dictó arresto domiciliario nocturno y otras medidas cautelares para dos trabajadores de la empresa EFE, acusados de ser responsables del choque de trenes ocurrido el pasado jueves en San Bernardo.

Los imputados, el conductor del tren de prueba y el encargado del control de las vías, no podrán comunicarse entre sí ni acercarse a las dependencias de la empresa.

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El accidente, que dejó dos muertos y nueve heridos, involucró un tren de carga y un tren de pasajeros que realizaba pruebas. Según la Fiscalía, el conductor del tren de prueba solicitó cambiar de vía cerca de la medianoche, maniobra autorizada negligentemente por el encargado de control. Esta autorización imprudente y la demora del conductor en realizar la maniobra provocaron la colisión frontal.

La fiscal jefa de San Bernardo, Pamela Torres, relató que dicha petición fue autorizada y el conductor tardó “más tiempo del necesario en concretar dicha maniobra”. En tanto, señaló que el encargado de control de las vías realizó la autorización “de forma imprudente y descuidada, con negligencia inexcusable”, ya que “olvidó el desplazamiento y ubicación del tren (...) que transitaba por el tramo Rancagua-Alameda en dirección al norte por vía dos”, informa Emol.

“Dicha solicitud y autorización ocasiona que (...) colisionaran ambos trenes de manera frontal”, aseguró la persecutora.

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Defensa del encargado de vías

La fiscal jefa de San Bernardo, Pamela Torres, afirmó que ambos imputados actuaron con negligencia y descuido, olvidando el desplazamiento de un tren de carga que circulaba por la misma vía. Durante la audiencia, se presentaron declaraciones de testigos y evidencia de conversaciones que indican la imprudencia en la autorización del cambio de vía.

La defensa del encargado de vías argumentó que no hay pruebas suficientes para responsabilizarlos directamente, cuestionando la metodología de comunicación utilizada y la precisión de las órdenes dadas, ya que este aún no ha declarado.

A pesar de esto, el tribunal fijó un plazo de 150 días para la investigación, durante los cuales se mantendrán las medidas cautelares impuestas.