Diputada Camila Flores propone disolver INDH: acusa que es un organismo “ideológico y poco operativo”
La parlamentaria criticó que actualmente el INDH no es objetivo y no estaría cumpliendo con su función de velar por los derechos humanos de todos los ciudadanos.
Este miércoles, la diputada Camila Flores (RN) anunció un proyecto en el cual propone disolver el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en medio de cuestionamientos sobre las atribuciones del organismo, tras la presentación de una querella penal por eventuales delitos de tráfico de influencias en la designación de Ministros de la Corte Suprema.
Sobre este hecho, la parlamentaria y otros políticos de oposición acusaron que el INDH estaría actuando bajo “intereses partidistas” y que dicho asunto no está entre sus competencias.
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En esa línea, Flores argumentó que “en reiteradas ocasiones ha quedado en evidencia el sesgo ideológico del INDH, quienes para algunas causas dicen que no está dentro de sus atribuciones, sin embargo, para beneficiar a sus amigos del PC sí están disponibles”.
“Ellos son un órgano del Estado, por lo tanto, deben estar disponibles para defender los derechos humanos de todos los chilenos, y no solamente cuando hay causas políticas detrás”, enfatizó.
Respecto a la propuesta, la diputada sostuvo que “no se justifica que el actual INDH siga funcionando de la misma forma que lo está haciendo hasta ahora, por lo mismo estamos planteando que se pueda eliminar esta institución, para ser reemplazada por otro organismo que sea objetivo y se aboque a sus funciones”.
El proyecto presentado apunta a una supuesta postura política que ha mostrado el INDH en diversas ocasiones, basándose en las declaraciones de Sergio Micco, exdirector del Instituto, quien al renunciar mencionó que habría “recuperado” su libertad de expresión, denunciando, además, constantes presiones de partidos políticos y otras organizaciones civiles para emitir pronunciamientos en contra de su voluntad.
De igual forma, el texto también menciona que durante los disturbios ocurridos en octubre de 2019, “el INDH se vio involucrado en irregularidades en la entrega de pensiones de gracia a personas que no cumplían los requisitos y personas con antecedentes penales, según informes de entidades fiscalizadoras”, se argumentó.