Después de dos sesiones consecutivas que se extendieron hasta alrededor de las 23 horas de este miércoles, la Comisión Mixta encargada de zanjar las discrepancias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados en torno al proyecto sobre discriminación, logró acuerdo mayoritario en los cuatro aspectos en los que había diferencias.
Con ello, la iniciativa quedó en condiciones de ser discutida por la cámara baja y la alta, respectivamente, para luego ser remitida al Tribunal Constitucional y posteriormente ser promulgada como ley.
Así lo informó el senador Hernán Larraín (UDI), presidente de la instancia, quien estimó que en dos semanas más podría quedar despachado el proyecto desde el Congreso.
"El proyecto quedó muy bien. Se incorporaron en su texto aquellos contenidos que a, el Ejecutivo había planteado a través de una propuesta de posible veto, pero estimamos que era mejor que el Congreso resolviera esta materia (…) Por acuerdo ampliamente mayoritario de la Comisión decidimos revisar no solo aquellos aspectos donde había contradicciones sino que otras materias que permitieran garantizar la mejor comprensión de la ley", dijo Larraín.
Precisó que "se incorporó la obligación de los órganos del Estado de introducir la obligación de éstos, dentro de su competencia, para garantizar que no va a haber discriminación en el ejercicio de los derechos y libertades establecidos por la Constitución y las leyes".
También se excluyó en el artículo segundo el ejemplo que se había introducido y que señalaba que "no podrán reclamar discriminación por orientación sexual un individuo que deba responder por actos sexuales violentos, incestuosos, dirigidos a menores de edad cuando tengan el carácter de delito, o que, en los términos de la ley vigente, ofendan el pudor".
Otro de los acuerdos alcanzados por la Comisión Mixta, fue la de eliminar la palabra "siempre" del artículo tercero, pues según explicó el senador Larraín "parecía una presunción de derecho, que siempre el ejercicio legítimo de un derecho establecido en la Constitución se iba a preferir sobre las normas de discriminación y, por lo tanto, se dejó abierto a que el juez tuviese el derecho a la duda".
Agregó que también "se corrigió la agravante que se establecía en el Código Penal con el propósito de incorporar también la identidad de género que no había quedado incluida en el texto original y se aprovechó de modificar la redacción de manera de dejar bien redactada esa norma que tenía algunas disposiciones erróneas".
Larraín informó que "adicionalmente, en las normas de discrepancia de carácter judicial, referida a la acción se resolvieron todas y quizás la única norma adicional es que cuando el juez rechace a tramitar una reclamación por acto de no discriminación, si acaso éste carece de fundamento, el juez tiene que citar una resolución fundada en ese sentido, para evitar que por esa vía se rechacen simplemente sin más fundamento la presentación de acciones de no discriminación".