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PC y Agrupación de Familiares de DD.DD. piden renuncia de Campos por Punta Peuco

El secretario de Justicia aclaró que el cierre del penal "ha estado y está en permanente estudio y evaluación".

PC y Agrupación de Familiares de DD.DD. piden renuncia de Campos por Punta Peuco

Ministro Campos. Foto:

El Partido Comunista y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos solicitaron la renuncia del ministro de Justicia, Jaime Campos, luego que el secretario de Estado pusiera en duda el cierre del penal Punta Peuco.

La presidenta de la asociación, Lorena Pizarro, calificó las declaraciones del ministro Campos como una "pésima señal" mientras que por su parte el diputado Hugo Gutiérrez dijo que "lo que ha hecho es inaudito para un Gobierno que sin duda defiende y promueve los derechos humanos".

Ante la situación, Campos envió una carta a la Asociación de Familiares de DD.DD. señalando que el cierre del penal "ha estado y está en permanente estudio y evaluación" y que "jamás me he manifestado a favor de la mantención de cárceles especiales de criminales de lesa humanidad".

Esta sería la carta:

SANTIAGO, 9 de noviembre del 2017.

Señora:
Lorena Pizarro Sierra.
Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Presente.

De mi consideración:
En relación con vuestra carta de hoy, me permito reiterarle a Ud. y a la Agrupación que preside lo que ayer declaré a los medios de comunicación y que invariablemente he manifestado durante el año en que me he desempeñado como Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
1.- Si bien es una materia de gran interés y preocupación en este Ministerio, a la fecha el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet no ha adoptado ninguna resolución en torno al cierre del Penal de Punta Peuco. Como Uds. bien saben, el Poder Ejecutivo actúa a través de los actos administrativos que ejecuta y, hasta este momento, no conozco ninguno que dé cuenta de lo anteriormente dicho. Luego, salvo que me compelan a faltar a la verdad, no puedo dar como ciertos hechos que no han ocurrido y menos aún determinar términos que no se han fijado.
2.- Lo precedentemente indicado no implica desconocer, dudar o ratificar compromisos de ninguna especie y de nadie, como, tampoco, relativizar la política del actual Gobierno sobre ese tema, dado que sólo soy un ejecutor de la misma; sino que, consultado, simplemente he procurado objetivar o precisar lo que al día de hoy acontece, por mucho que los medios de comunicación anhelen anticiparse y conocer tiempos ciertos. En consecuencia, no advierto donde puede estar la supuesta contradicción denunciada.
3.- Del mismo modo, lo expresado no importa emitir juicios a favor o en contra de tal medida, la que ha estado y está en permanente estudio y evaluación de parte de este Ministerio y del Gobierno de Chile, de suerte que, cuando se adopte una providencia definitiva sobre el particular, oportunamente será informada a la ciudadanía, y tengan la certeza que este Ministerio y sus Servicios serán parte activa de ella. Sin embargo, como Uds. comprenderán, por su naturaleza, ésta no es una cuestión que resolverá unilateral y exclusivamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
4.- Jamás me he manifestado a favor de la mantención de cárceles especiales de criminales de lesa humanidad, sino que siempre he abogado por la segregación penitenciaria en razón de otros factores criminógenos.
5.- En igual sentido y tal como conversamos el día 14 de septiembre pasado, estoy desplegando lo mejor de mis esfuerzos para resolver objetivas deficiencias que tiene nuestra legislación en el ámbito de los beneficios a que pueden acceder los condenados, procurando conciliar nuestra normativa con las obligaciones internacionales que hemos contraído en materia de Derechos Humanos, animado por un propósito de Justicia y Verdad, y jamás motivado por anhelos de impunidad o de venganza.
6.- En cuanto a los horrendos crímenes que detallan, debo indicarles que ellos han merecido y merecen mi irrestricto repudio, rechazo y condena, respeto a sus víctimas, y sólo deseo que, dentro del Estado de Derecho, nuestros Tribunales de Justicia apliquen la ley como corresponde, puesto que sólo así se fortalece nuestra Democracia y se impide que hechos tan deleznables vuelvan a ocurrir. Cualquier otra interpretación de mis dichos y actuaciones contradice mis más íntimas convicciones.
7.- Por último y acorde lo reiterado insistentemente por la Presidenta Michelle Bachelet, su gobierno termina el 11 de marzo del próximo año y ella gobernará, según las potestades constitucionales que le asisten, hasta el último día de su mandato.
Los saluda afectuosamente,


Jaime Campos Quiroga
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

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