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Defensora de la Niñez y Aula Segura: "No soluciona el problema que está detrás de la violencia"

Para la abogada Patricia Muñoz, "la violencia se tiene que entender desde la perspectiva de la seguridad pública", independiente del lugar donde se cometa el delito.

Defensora de la Niñez y Aula Segura: 'No soluciona el problema que está detrás de la violencia'

Patricia Muñoz. Foto: Agencia Uno

La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, profundizó sobre su intervención en la comisión de educación del Senado sobre el proyecto Aula Segura, donde aseguró que la iniciativa afecta "el debido proceso".

En conversación con ADN Hoy, la abogada aseguró que "desde nuestra perspectiva, este proyecto no soluciona, desde ningún punto de vista, el problema que está detrás de los hechos de violencia".

"Pensar que con un proyecto de ley de esta naturaleza se van a erradicar comportamientos como los que hemos tenido que presenciar a través de imágenes, me parece que es transmitir una visión equivocada a la comunidad", reiteró.

Para Muñoz, "la violencia se tiene que entender desde la perspectiva de la seguridad pública, entender por tanto el rol que le asiste a organismos vinculados al Ministerio del Interior, relacionados con su rol fundante de prevención del delito, cualquiera sea el lugar donde este se cometa".


 

La Defensora de la Niñez subrayó que el debido proceso es "una exigencia que no sólo se contempla en el ámbito de los procesos penales, sino también administrativos" y, por tanto, una obligación para "regular cualquier procedimiento que se vincule con algún hecho sancionatorio, como en este caso sería la expulsión del alumno".

En ese marco, se debe involucrar "la posibilidad de que este alumno tenga derecho a defensa, pueda presentar pruebas y, por lo tanto, mantener este principio".

Además, aseguró que la normativa actual permite suspender o expulsar a alumnos si se violan los reglamentos internos o afectan la integridad física y psíquica de algún miembro de la comunidad escolar.

Particularmente, hizo referencias a lo establecido por la Ley General de Educación (LGE), el estatuto docente y una norma administrativa de la Superintendencia de Educación emitida el 20 de junio de este año.

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