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CDE se querella contra cuatro reos de Punta Peuco por fraude al fisco

Los condenados por Derechos Humanos recibían millonarias pensiones de invalidez pese a no sufrir "ninguna limitación física o mental".

CDE se querella contra cuatro reos de Punta Peuco por fraude al fisco

Punta Peuco. Foto: Agencia Uno

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra cuatro reos que cumplen condena en Punta Peuco por fraude al fisco en el otorgamiento de pensiones de inutilidad de segunda clase, equivalente a la jubilación de invalidez.

Se trata de Enrique Neira, Patricio Ferrer, Jaime Torres y Rubén Fiedler, quienes recibieron pensiones que suman más de 7 millones de pesos pese a que, al momento de ingresar al penal, no manifestaron a Gendarmería tener algún tipo de enfermedad.


 

Según la querella a la que tuvo acceso La Tercera, estos pensionados "no cumplían ni cumplen con los requisitos para haberse acogido a la pensión de inutilidad de segunda clase que les fue otorgada".

"No tienen, según sus propios dichos, ninguna limitación física o mental que les impida desarrollar alguna actividad laboral en completa normalidad", detalla el documento.

Revisa a continuación el detalle de las pensiones que recibieron los reos de Punta Peuco:

Enrique Neira: 2.605.979 pesos.

Patricio Ferrer: 2.161.406 pesos.

Jaime Torres: 1.647.687 pesos.

Rubén Fiedler: 1.340.000 pesos.


 

OTROS INVESTIGADOS POR FRAUDE

El CDE también también decidió hacerse parte en la investigación por pago de pensiones de invalidez contra Emilio Neira Donoso, exoficial de la CNI; Patricio Ferrer Ducaud, exoficial de la Fach; y la abogada Patricia Rivera.

En ese sentido, la querella incluye al excomandante en jefe de la Fach, Patricio Ríos Ponce; y al general en retiro de Brigada Aérea, Patricio Franjola.

El CDE también solicitó a la Fiscalía oficiar a la subsecretaría para las Fuerzas Armadas para que informe sobre los miembros de la comisión de Sanidad que integraron funcionarios de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

Según el organismo, el diagnóstico de esta comisión "dio origen al otorgamiento de pensiones improcedentes y cuya individualización deberá precisar la presente investigación".


 

Finalmente, el CDE también apuntó a un tercer grupo de personas que recibirían pensión de invalidez de segunda clase y que trabajan en el ámbito civil.

En ese plano se identificó a Patricia Rivera, exabogada de Capredena que actualmente se desempeña como jueza del Segundo Juzgado de Familia de Santiago; y Patricio Franjola, quien ejerce como abogado particular y recibe la pensión más alta, cuyo monto asciende a los 6.806.000 pesos.

Esta investigación la comenzó la Fiscalía Centro Norte a mediados del 2017 por iniciativa de un abogado particular, quien fue el primer querellante en el caso.

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