El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que sólo el gobierno federal tiene el poder para dictar leyes contra la inmigración ilegal y que Arizona fue demasiado lejos al promulgar la ley conocida como SB 1070. La máxima corte de EE.UU. deja así sin efecto la mayoría de sus disposiciones excepto quizá la parte más polémica que permite a la policía comprobar el estatus migratorio de quien considere necesario. “Papeles, por favor”, como se conoce la disposición, puede ser objeto de demandas legales, argumentaron los jueces.
El dictamen es una victoria parcial para la Administración de Barack Obama al promulgar el Supremo que los estados no pueden regular en materia de inmigración. El alto tribunal, en una votación 5 a 3 –la juez Elena Kagan se recusó en este caso debido a que trabajó en el mismo cuando era fiscal general de la Administración Obama- derogó las siguientes cláusulas: que el estado de Arizona -con casi 600 kilómetros de frontera con su vecino México- pueda considerar delito que los inmigrantes ilegales no porten consigo papeles que prueben su estatus; que pueda considerar un acto criminal solicitar un trabajo cuando no se tenga papeles; y que pretenda arrogarse la capacidad de detener a gente sólo por la sospecha de que esa persona reside ilegalmente en el país.
“Arizona puede tener frustraciones entendibles con los problemas que causa la inmigración ilegal”, escribió el juez Anthony Kennedy como argumento de la mayoría. “Pero el Estado no puede proclamar políticas que minan la ley federal”, sentencia Kennedy, que recomienda en las 25 páginas que ocupan su dictamen que cuando se efectúen detenciones debido a la petición de papeles “no sean muy prolongados”.