Un juez federal del Estado de México dictó el procesamiento de cinco militares, entre ellos cuatro generales, por el delito de delincuencia organizada. La orden afecta a los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas, Rubén Pérez Ramírez y al teniente coronel Isidro de Jesús Hernández. Los tres primeros se encontraban detenidos sin cargos desde hace 76 días por su presunta relación con el cartel de los hermanos Beltrán Leyva, al que hubieran prestado protección en el pasado.
La detención el pasado mayo, en plena campaña electoral, de los tres generales por supuestos vínculos con el narcotráfico, generó una fuerte polémica y toda clase de especulaciones sobre su posible intencionalidad política. Las investigaciones contra los tres surgieron a partir de las declaraciones de diversos testigos protegidos, que habían trabajado para los hermanos Beltrán Leyva.
La prensa mexicana apuntó como razón de los arrestos la posibilidad de enconos personales dentro de las Fuerzas Armadas, la existencia de un grupo de generales disconformes con la estrategia de guerra contra el narco ordenada por el presidente Felipe Calderón, e incluso una operación política para desacreditar al general Ángeles y apartarle de la élite militar que podría acompañar al próximo presidente.
El general de división retirado Tomás Ángeles Dauahare, nieto de un héroe de la Revolución mexicana, militar de gran prestigio y ex número dos de la Secretaría de la Defensa Nacional, participó el pasado 9 de mayo en un foro de seguridad organizado por la Fundación Colosio en San Luis Potosí a la que asistió el entonces candidato del PRI, y virtual presidente, Enrique Peña Nieto. En el foro criticó públicamente la falta de objetivos definidos en la lucha contra el crimen organizado: “Me atrevo a decir que no tenemos estrategia de seguridad nacional”.