El linchamiento de dos brasileños en un pueblo boliviano situado en la frontera con Brasil, ocurrido el pasado martes, ha tensado un poco más las relaciones entre ambos países, tirantes por la negativa boliviana a otorgar un salvoconducto a un senador opositor refugiado en la Embajada brasileña en La Paz y al que el Gobierno de Dilma Rousseff otorgó el asilo el pasado mes de junio.
Agentes del Grupo Especial de Fronteras de Brasil han retornado este jueves a su país sin los cuerpos de los dos ciudadanos quemados vivos en la localidad fronteriza de San Matías, a 800 kilómetros al este de Santa Cruz, ante la ausencia de delegados del Ministerio Público de Bolivia, que tenían previsto llegar al lugar en las próximas horas.
El periodista Berty Vaca informó a EL PAÍS desde San Matías de que las autoridades locales denegaron el permiso para recuperar los restos de los dos brasileños, enterrados en fosas comunes. Los agentes han regresado a la ciudad brasileña de Cáceres hasta que el fiscal de distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, les convoque tras su llegada a la localidad de San Matías, de unos 12.000 pobladores.
Los brasileños Rafael Max Díaz, de 27 años, y Jefferson Castro Lima, de 22, fueron linchados por una turba que los arrebató de las celdas policiales, donde estaban detenidos acusados de matar a tres bolivianos en un local nocturno de San Matías la madrugada del martes.