Después de sacar a colectivos como los inmigrantes sin permiso de residencia de la asistencia sanitaria pública —excepto la urgente—, el Ministerio de Sanidad planea crear, bajo el nombre de convenios especiales, una vía para que estas personas puedan volver a ser atendidas en el sistema público. El método elegido es que puedan suscribir algo parecido a pólizas con pagos que se asemejan a los de los seguros sanitarios privados.
La orden que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy, establece que las personas menores de 65 años que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud públicos deberán pagar 710,40 euros al año —59,20 mensuales—. Desde los 65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales (155,40 al mes).
Según los cálculos realizados para esta propuesta por el Ministerio de Sanidad, los menores de 65 años pagarían 177,5 euros menos de lo que se estima, por término medio, que gastará cada persona en esa franja de edad, y los mayores de 65, 466,3 euros menos, que serían asumidos por las Administraciones. La memoria económica que acompaña al borrador concluye que “este nuevo convenio no tendría impacto económico significativo”.
La medida afectará a quienes no estén asegurados ni sean beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, como es el caso de los inmigrantes sin permiso de residencia, a partir de septiembre.