Se consumió el último paso legal y Troy Davis fue ejecutado. Una vez que habló el Tribunal Supremo de Estados Unidos no había más que decir. Todos los canales legales quedaban cerrados. Estados Unidos se disponía a cometer otro homicidio legal -y van 1.269 desde que se reinstauró la pena capital en 1976-. Davis le ganó cuatro horas y ocho minutos de vida a la muerte, con la que tenía una cita a las siete de la tarde (hora del este de EE.UU). Se certificó que su corazón paró a las 11:08 (00:08 de la madrugada en Chile), tras 15 minutos en los que se le aplicó un cóctel mortal de barbitúricos -entre ellos anestesia de uso veterinario, debido a la escasez del que se aplica de forma regular- que acabó con su vida, amarrado a una camilla, proclamando su inocencia hasta el final.
La espera fue quizá peor incluso que la propia muerte. Las últimas horas de la vida de Davis se convirtieron en una montaña rusa que hizo creer -a él y al mundo- que quizá sobreviviría a su condena una vez más, como lo había hecho en el último minuto en otras tres veces anteriormente. En 2008, Davis incluso rechazó su última cena porque confiaba en que su recurso prosperaría. Esta vez sí la tomó. Y definitivamente fue la última.
En un movimiento con pocos precedentes en la historia de la pena de muerte, los abogados defensores presentaron 'in extremis' a las 6:25 de la tarde -hora de Washington y a falta de 35 minutos para que se iniciase la ejecución- una petición al Tribunal Supremo de la nación para que reconsiderase el caso, para que le echase un último vistazo y viera si había algún resquicio, alguna posibilidad de que se paralizara la muerte de Davis. Para ello presentaron todo el dossier del caso junto a todas y cada una de las apelaciones que se han hecho desde el año 1991, cuando fue condenado.
Las personas que se concentraban a favor de Davis esperaron durante pocas pero frenéticas horas. Hasta que se acabó la duda, la angustia y la esperanza. El Supremo no paralizaba la ejecución. No encontraba que Davis no hubiera tenido un juicio justo. No había más que decir. Se había hecho justicia, se había dictado sentencia y ésta debía cumplirse. Veinte años después ya no había lugar para más retrasos. Davis no pasaría otra noche más en el corredor de la muerte. Sería conducido al patíbulo y entraría a formar parte de las frías cifras que EE.UU. maneja sobre la pena de muerte.
El caso de este hombre negro de 42 años estuvo plagado de irregularidades y sus abogados defensores presentaron a Davis como "un Jim Crow de los tiempos modernos", en referencia a las leyes de segregación que crearon dos clases de ciudadanos en Estados Unidos hasta mediados de los años sesenta.
Troy Davis fue detenido por el asesinato en 1989 de un policía de raza blanca de 22 años que acudió a socorrer a un vagabundo que estaba siendo apaleado por otros mendigos que intentaban robarle una cerveza. Durante el juicio no se pudo presentar arma homicida porque nunca fue encontrada ni se aportaron pruebas de ADN. Aún así, Davis fue condenado en 1991 a morir ajusticiado por el Estado de Georgia.