España batalla para evitar que el llamado rescate suave que está negociando con Europa para salvar a la banca se acabe convirtiendo en un rescate duro en toda regla: el del propio Estado. El contagio funciona así: los bancos, podridos de créditos inmobiliarios tóxicos, necesitan del auxilio público; el Estado los rescata; se endeuda para ello; las dificultades se agravan; el ya alto precio del dinero sube todavía más; la desconfianza se agudiza; los mercados se cierran; la hucha pública para pagar las letras que vencen se va agotando y, al final, es el propio país el que acabar por lanzar el SOS.
La crisis de los bancos irlandeses ya arrastró a Dublín a pedir el rescate financiero de todo el Estado. Aunque las diferencias entre este caso y el español son enormes por la magnitud relativa de las ayudas, medida con relación al producto interior bruto (PIB). Las entidades irlandesas han necesitado inyecciones de capital que han superado el 40% del PIB de la isla (unos 70.000 millones). En España las auditoras externas fijan las necesidades del sector financiero en un máximo de 62.000 millones. Y aunque ascendieran a esos 100.000 millones que Europa está dispuesta a prestar al Gobierno, este dinero no representa ni el 10% del PIB español.
Los principales prestamistas de la deuda pública española no son otros que los bancos españoles (nutridos por el Banco Central Europeo). Así que, si un día el Estado dejara de pagar parte de su deuda, acabaría castigando sobre todo a esa misma banca a la que ayuda. “Si el Gobierno español rescata a los bancos y la banca rescata al Gobierno, el sistema se convierte en una economía vudú”, dijo el Nobel de Economía Joseph Stiglitz solo un día antes de que España solicitara el rescate al Eurogrupo.
Este es el motivo por el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha intentado en todo momento que el fondo de rescate europeo inyecte directamente el dinero a las entidades con problemas y no aumentar la deuda pública ni los riesgos contraídos con la banca. Pero Berlín se niega en redondo. Enrocada Alemania, España acata, de momento, que los préstamos vayan al Estado y de ahí a la banca.
¿Qué cortafuegos puede evitar el contagio entre crisis bancaria y deuda pública? Esa es la gran pregunta del momento. Una parte de la solución está en manos del Gobierno. En las últimas semanas no hay analista que no reclame más claridad y solidez a la hoja de ruta del Gobierno. “España debería tomarlas recomendaciones de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional y ponerlas en marcha en plazo [de tiempo] más corto posible, el Gobierno tiene una holgada mayoría en el Congreso y puede hacerlo cuanto antes”, apunta Antonio García Pascual, analista jefe para el sur de Europa de Barclays Capital. Entonces, opina, puede venir el apoyo más contundente del BCE y Europa, es decir, créditos más baratos para los bancos o la compra de bonos para frenar las altas rentabilidades.