La enésima huelga general en Grecia dejó una imagen inquietante, con la quema de una bandera alemana y de otra nazi en los aledaños del Parlamento. Entre 10.000 y 20.000 manifestantes protestaron en Atenas por otra ronda de despidos en el sector público, una poda adicional de sueldos, pensiones y demás recortes propios de esta época. Ese descontento elevó la temperatura política: el gobierno del tecnócrata Lukas Papademos y la troika -la Comisión, el Banco Central Europeo y el Fondos Monetario Internacional- no consiguieron cerrar un acuerdo para consagrar la nueva oleada de austeridad a cambio de un nuevo y multimillonario plan de ayudas. Los partidos griegos se resisten, con los comicios a la vuelta de la esquina. Y Papademos se reunía de nuevo con la troika para intentar alumbrar un documento final.
La incertidumbre está lejos de remitir. El ejecutivo filtró un principio de acuerdo al atardecer con la troika, que llegaba después de incumplir media docena de fechas límite. El pacto, un leve indicio de que podía producirse algún avance, debía ser refrendado por socialistas, conservadores y ultraderechistas, los tres partidos presentes en el ejecutivo. No hubo humo blanco y las desavenencias forzaron a Papademos a posponer la reunión hasta el miércoles. Quedan cabos sueltos dentro de ese paquete de medidas para mantener las finanzas públicas bajo control. Y sin ese acuerdo la sombra de una suspensión de pagos en Grecia es alargada.
El habitual surtido de ultimátums procedentes de París, Berlín y Bruselas obliga a Papademos a convencer ya a los partidos de la necesidad de esa nueva cura de austeridad. Europa y el FMI exigen el apoyo sin fisuras de las tres formaciones del gobierno para que las medidas no se desvanezcan tras los comicios de primavera. Pero en los pasillos del parlamento, políticos de todo signo se desmarcan a diario de esas medidas para desespero de Papademos y de unos líderes europeos que dan la impresión de estar a un paso de perder la paciencia.
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