Este viernes se realizó la cuenta pública del Ministerio Público. El fiscal nacional, Ángel Valencia, dio cuenta de lo ocurrido en el último año, poniendo especial énfasis en las labores persecutoras relativas al crimen organizado, la migración irregular, los delitos económicos y por cierto, el Caso Convenios.

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público ha sido una de las primeras medidas tomadas por Valencia desde su arribo a la entidad estatal. Con ese antecedente, contó que, desde la creación del Equipo, se han constatado 365 casos de homicidios y secuestros a nivel nacional, siendo la región Metropolitana el lugar donde más se concentran. Otra característica del mismo ECOH es que, como promedio, demoran 90 minutos en llegar al sitio del suceso.

En cuanto a la tasa de imputados formalizados por homicidios consumados asociados al crimen organizado creció un 60,5%, en tanto la tasa de formalizados por secuestros subió 107%.

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Valencia aprovechó además la instancia para llamar a poner urgencia a una ley que modifique el régimen carcelario, en particular con personas asociadas al crimen organizado:

“Tanto como hacer una inversión de infraestructura en esa materia, es también necesario un régimen legal que lo garantice. Entonces lo que queremos sostener es que, tal como es posible avanzar en un estudio de infraestructura en la construcción de nuevas cárceles, también es posible hoy avanzar paralelamente en un régimen legal que reconozca y regule ese sistema para evitar los problemas que hemos enfrentado con resoluciones judiciales recientes que han desconocido atribuciones de Gendarmería para regimenes más estrictos en los sistemas de alta y máxima seguridad”.

La propuesta fue recibida por el Ejecutivo. El titular de Justicia, Luis Cordero, espetó: “El Ejecutivo participa de la misma inquietud del fiscal nacional, de que exista respecto de ese tipo de personas un régimen penitenciario más estricto. Probablemente, lo que hemos evaluado es que en el actual proyecto de ley de ejecución de penas que acaba de haber sido aprobado en la Cámara de Diputados y que ahora está en el Senado, probablemente nosotros vamos a incorporar una norma sobre ese tipo de régimen penitenciario estricto para ese tipo de organizaciones criminales”.

Caso Convenios

Un acápite especial fue el que tuvo en la presentación el Caso Convenios, que quedó al descubierto tras los traspasos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva, vinculada a militantes de Revolución Democrática.

En ese contexto, Valencia destacó la “colaboración significativa” que la unidad Anticorrupción del Ministerio Público ha logrado con otras nstituciones, facilitando la realización de diligencias, además de la organización de las jornadas de trabajo con equipos investigativos.

En cifras, en menos de un año de los inicios de las investigaciones se ha formalizado a 22 imputados, referidos a seis fundaciones, por montos de perjuicio fiscal de más de $3.000 millones.