Corte de Apelaciones rechaza recurso de alcalde de Rancagua y continúa en prisión preventiva
Juan Ramón Godoy fue formalizado por fraude al fisco, malversación de fondos públicos, cohecho y soborno, delitos que presuntamente se extendieron desde 2021 hasta 2023.
La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó hoy, lunes 15 de abril, la medida cautelar de prisión preventiva contra Juan Ramón Godoy Muñoz, quien fuera alcalde de la comuna. Godoy Muñoz está imputado por el Ministerio Público como autor de varios delitos graves, incluyendo malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos y cohecho agravado, perpetrados entre 2021 y 2023.
En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Pedro Caro Romero, Miguel Ángel Santibáñez Artigas y el fiscal judicial Álvaro Martínez Alarcón, rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de Godoy Muñoz. El tribunal sostuvo que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación en curso.
La resolución del tribunal destaca que, en esta etapa inicial de la investigación, los delitos están suficientemente justificados según los estándares legales requeridos. La fiscalía y los querellantes han proporcionado evidencia documental y testimonial significativa que implica directamente a Godoy Muñoz en los ilícitos formalizados, detallando su participación en cada uno de los cinco episodios descritos durante la formalización, incluyendo la participación de terceros en operaciones fraudulentas.
El tribunal también indicó que los argumentos de la defensa respecto a ciertos hechos puntuales de la formalización no son suficientes para afectar la validez de la imputación, dada la gravedad, la repetición de los delitos y las severas penas asociadas a los mismos.
Finalmente, el fallo confirmó la necesidad de mantener la prisión preventiva, citando el carácter repetitivo de los delitos y la gravedad de las penas asociadas, lo que justifica la medida como necesaria para proteger la seguridad pública y asegurar el éxito de la investigación en curso.
